Golpe contra la Constitución - The Economist

En las elecciones parlamentarias celebradas en septiembre pasado, los votantes de Venezuela transmitieron un mensaje claro a Hugo Chávez, su autocrático presidente electo. La mayoría de ellos votó a favor de candidatos de la oposición. Sin embargo, gracias a la manipulación de las normas electorales por parte del gobierno, los votos opositores se tradujeron en 67 escaños solamente, mientras que los chavistas terminaron con 98. Pero ni siquiera eso era lo suficientemente seguro para Chávez.
El presidente ha utilizado los últimos tres meses de la asamblea saliente, en la que cuenta con una abrumadora mayoría, para convertir la legislatura entrante, que será investida el 5 de enero próximo, en un ente irrelevante. La pieza central de este esfuerzo es una ley habilitante que le otorga al Ejecutivo la potestad para gobernar por decreto durante los próximos 18 meses.
Otras funciones de la asamblea también se han visto reducidas. En virtud de una reforma de su reglamento interno aprobada precipitadamente, el parlamento ahora se reunirá tan sólo cuatro días al mes. Todas las comisiones parlamentarias estarán controladas por el gobierno y las intervenciones de los diputados en torno a cualquier tema se limitarán a un total de 15 minutos por cada miembro. Los debates sólo serán transmitidos por canales de televisión oficiales permitiendo así a las autoridades amordazar las voces disidentes.
Además, los diputados de la Asamblea a partir de ahora no podrán cambiar de bando, so pena de perder su curul, medida esta que sugiere que Chávez pone en duda la lealtad de algunos de sus propios partidarios. Mientras tanto, algunos de los diputados opositores electos enfrentan persecución judicial. Uno de ellos, José Sánchez, ex comandante de policía, ha sido condenado a 19 años de cárcel por su supuesta participación en un asesinato, a pesar de que la Constitución otorga inmunidad legal a los asambleístas.
La nueva asamblea debía nombrar a varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para sustituir a aquellos que se jubilarán. Dichos nombramientos requieren una mayoría de dos tercios, lo que habría implicado un acuerdo con la oposición. Para sortear esa necesidad, la asamblea saliente se despeñó por nombrar a nueve magistrados principales y 32 suplentes. Todos son partidarios chavistas y cuatro de ellos son diputados en situación de retiro.
Del mismo modo, la asamblea saliente refrendó otras medidas de gran alcance. Una nueva ley de educación superior pone fin a la autonomía universitaria y otorga al personal administrativo y obrero los mismos derechos que a los académicos para la elección de rectores. Las organizaciones no gubernamentales no podrán recibir fondos del extranjero, lo cual podría forzar el cierre de muchas de ellas.
Otra nueva ley permite al presidente transferir las competencias y los recursos de los gobiernos locales a las comunas socialistas, lo que podría castrar los triunfos electorales que la oposición obtuvo en varias ciudades importantes en 2008. Las reformas a las leyes de radiodifusión y de telecomunicaciones, ahora ampliadas para incluir Internet y teléfonos móviles, intentan restringir la difusión de información crítica al gobierno al hacer al portador del mensaje responsable por su contenido. Se impondrán penas y multas por aquellos mensajes que el gobierno considere promueven la falta de respeto a las instituciones nacionales o crean "alarma" entre la población.
Chávez justificó la ley habilitante —mecanismo que ha utilizado previamente durante sus doce años en el cargo— como una respuesta necesaria a las inundaciones que causaron la muerte de 40 personas y dejaron a más de cien mil damnificados. Un argumento poco convincente, sin duda. En opinión de dirigentes opositores, su blitzkrieg legislativo equivale a un golpe por parte del Ejecutivo contra otros poderes del Estado, en violación de la Constitución de 1999 que el propio Chávez inspiró. Calificando al gobierno de una "tiranía" que trata de instalar un "sistema comunista", la oposición llamó a la resistencia "pacífica pero enérgica". Universidades y grupos empresariales figuran entre los que se organizan contra la arremetida de Chávez. En el occidente de Venezuela, un grupo de agricultores, en muchos casos respaldados por sus trabajadores, han bloqueado las carreteras a fin de evitar que el ejército ejecute una orden presidencial de expropiar sus tierras alrededor del lago de Maracaibo.
Todas las miradas están fijas en una elección presidencial prevista para dentro de dos años, en la que Chávez buscará un nuevo mandato de seis años. El presidente y su general de más alto rango han dicho que las Fuerzas Armadas no tolerarán una victoria de la oposición en esa elección. Manifestantes pacíficos frente a la AN contra las nuevas leyes han sido atacados por seguidores del gobierno, así como por las fuerzas de seguridad, y muchos han resultado heridos. Todo esto sugiere que el gobierno está tratando de provocar a la oposición a la violencia. Hasta ahora no lo ha logrado.

A pesar de que la oposición ha acusado a Chávez de gobernar como un dictador, Venezuela ha mantenido la apariencia de una democracia. Ahora, al parecer, el presidente finalmente se está quitando la máscara democrática.