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La Campaña por la Defensa del Derecho a la Protesta Social, promovida por una serie de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, considera que el dirigente sindical Rubén González es un preso político del gobierno.

Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com


González cumple casi 10 meses privado de libertad. Foto Archivo
Las rejas no podrán silenciar la protesta popular. Bajo esta premisa el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) emprendió la campaña nacional e internacional de solidaridad “epistolar” con el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, quien permanece privado de libertad desde hace casi 10 meses.
“Rubén González necesita ahora nuestra solidaridad activa más que nunca. Por ello estamos motivando a realizar un acompañamiento cercano de sus días tras las rejas, enviándole mensajes de solidaridad, cartas, postales y materiales escritos con los que pueda mantener en alto su autoestima, su espíritu combativo y su sensibilidad por las injusticias contra los asalariados”.

Provea invita a todas las organizaciones sociales y populares -tanto de Venezuela como de América Latina y el mundo- a que le envíen cartas de aliento y solidaridad al dirigente bolivarense.

Cada correo electrónico que usted mande a solidaridadconruben@gmail.com, será impreso en Ciudad Guayana y llevado hasta las manos del representante de los trabajadores, recluido en Patrulleros de Caroní.

También podrán enviar una postal, carta o publicaciones a la siguiente dirección: Patrulleros de Caroní (A la atención de Rubén González), Parroquia Unare, sector Unare II, detrás de los trailers de CVG Alcasa y frente al hogar Madre Emilia, Municipio Caroní, Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela.

La campaña por la Defensa del Derecho a la Protesta Social, promovida por Provea, Espacio Público, Liga de Trabajadores por el Socialismo, Sintraince, Unidad Socialista de Izquierda, Socialismo Revolucionario, Paso a la Nueva Democracia, Periódico El Libertario, entre otros, “considera que Rubén González es un preso político del Gobierno venezolano, cuyo castigo intenta desmotivar la organización y lucha autónoma de los sectores laborales, contra sus patronos públicos y privados, para exigir y defender sus derechos”.

10 meses sin libertad
El 26 de agosto de 2009, Radwan Sabbagh -presidente de Ferrominera Orinoco- en un hecho público acordó con González la finalización del paro, así como la reactivación de las fichas de un grupo de trabajadores que habían quedado fuera de la empresa; también convino no tomar represalias en contra de quienes acataron el cese de actividades; evaluar el pago de los salarios caídos de quienes no laboraron durante los 16 días de manifestación y la cancelación de las reivindicaciones laborales cuando la compañía tenga el dinero, fueron los acuerdos alcanzados tras varias horas de reunión en una asamblea en Ciudad Piar.

Un mes después el secretario general fue imputado por los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir y violación de la zona de seguridad.

Rubén González fue privado de libertad el pasado 29 de septiembre de 2009.

El pasado 7 de mayo el Tribunal Tercero de Control admitió la demanda de la Fiscalía Tercera y negó al dirigente la posibilidad de ser juzgado en libertad, como pedía la defensa conforme a lo que consideran ha sido un proceso viciado.

Los abogados esgrimen que no debe haber demanda en razón de que el Ministerio Público acusó en un período muerto en donde el tribunal no tenía juez.

Grave precedente
González cumple casi 10 meses privado de libertad y si el fallo del tribunal lo declara culpable, puede ser sentenciado a permanecer entre 5 y 10 años tras las rejas.

Para Provea el caso de Rubén González es un grave precedente del proceso creciente de criminalización de la protesta en Venezuela, que no escapa de los 2.400 casos de líderes quienes han sido condenados a regímenes de presentación.

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