ONGs denuncian ilegalidad del Cesna - El Nacional

El presidente del Cesna "podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia".

La Constitución prohíbe la censura y la restricción al acceso a la información inclusive durante estados de excepción; por esa razón es ilegal el decreto que firmó el presidente Hugo Chávez en el que se establece que el recién creado Centro de Estudio Situacional de la Nación pueda declarar el carácter reservado o clasificado de algunas informaciones, según explicaron los especialistas consultados.

"El Cesna puede convertirse en una herramienta que legitime la práctica que ya viene ocurriendo en Venezuela relacionado con que los funcionarios públicos nieguen información", señaló Carlos Correa, director de la organización Espacio Público.

La sala situacional, que fue creada el miércoles con la publicación del Decreto 7454 en la Gaceta Oficial, coordinará la recopilación de información que realizan las instituciones del Estado y analizará los datos que requiera el Ejecutivo para tomar decisiones estratégicas.

Sin embargo, el artículo 9 del decreto establece que el presidente del Cesna "podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia que, en cumplimiento de sus funciones, tenga conocimiento".

"Esto representa un estado de excepción permanente con respecto al acceso a la información", aseveró Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano. La activista advirtió que la norma es tan ambigua que el presidente del Cesna podría, por ejemplo, declarar el carácter reservado de la información referida a la inscripción de militares activos en el PSUV o al reciente hallazgo de contenedores con alimentos descompuestos.

"El decreto no puede ser aplicado en un país democrático", afirmó Héctor Faúndez, ex director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UCV. El abogado dijo que el Estado tiene derecho a reservarse informaciones, pero sólo las de planificación militar.

San Miguel agregó que la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción establece que ni siquiera en esos casos puede limitarse el derecho a la información.

Para el director de Espacio Público era necesario establecer los parámetros y procedimientos que debía seguir la sala para reservar las informaciones. "El decreto es tan vago que podría darse el caso de que nieguen información sobre sí mismas a las personas", advirtió.

En su criterio es preocupante que se establezca que el Cesna no sólo procesará información proveniente de otras informaciones del Estado, sino también de "la sociedad". "¿Eso quiere decir que pueden solicitar información a un periodista y exigir que no sea divulgada?", se preguntó el especialista.

Faúndez advirtió que los funcionarios públicos están obligados a suministrar información.

El Foro para los Derechos Humanos y la Democraria repudió el decreto. Advierten que la reserva debe establecerse por ley y no por una decisión presidencial.

Diana Lozano Perafán
El Nacional.