Piden sancionar a los peces gordos del gobierno

La oposición exigió que se investigue al ministro Rafael Ramírez y al contralor Clodosbaldo Russián por el caso de los alimentos descompuestos.

Los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática pidieron investigaciones penales, interpelaciones de funcionarios y hasta detenciones que expliquen a la ciudadanía las causas de la pérdida de más de 122.000 toneladas de comida comprada con dinero público.

Integrantes de la organización Voluntad Popular tomaron las adyacencias de Pdvsa La Campiña, con la finalidad de exigir el encarcelamiento del presidente de la compañía estatal, Rafael Ramírez, como principal responsable del daño patrimonial causado por la pérdida de los alimentos.

El coordinador nacional de esa organización, Leopoldo López, hizo hincapié en la necesidad de que se investiguen a los altos funcionarios del Gobierno.

“No sólo se debe encarcelar a los pequeños empresarios, sino a los ejecutivos de las altas esferas del poder. El ministro Rafael Ramírez debe rendir cuentas ante la justicia”. Este hecho demuestra la ineficiencia y la corrupción de este Gobierno”, dijo.

López juramentó a 200 activistas contra la corrupción, quienes se comprometieron a denunciar las irregularidades del Gobierno. Algunos de los manifestantes acudieron con pancartas en las aparecían imágenes de Ramírez y la petición de su detención. “No podemos permitir que se juegue con la alimentación de nuestro pueblo. Con 130.000 toneladas de comida perdida, se pudo haber alimentado por 2 años a todos los niños venezolanos”.

El ex alcalde de Chacao criticó la labor de la Contraloría General de la República en el caso. “El contralor es eficaz para inhabilitar a los venezolanos; para ser un capataz político, pero no para condenar y parar a los corruptos”.

Piden investigar al contralor:

Representantes del partido Primero Justicia solicitaron a la fiscal general de la República que le abra una investigación al contralor Clodosbaldo Russián, por no haber informado a las autoridades correspondientes sobre la situación irregular de los alimentos abandonados en los puertos, de la que, según el propio funcionario, tenía conocimiento desde 2008.

“El contralor ha caído en contradicción: en una oportunidad dijo que, aunque estaba investigando, no tenía conocimiento de que la comida estuviera vencida, pero en el informe publicado en la página web de ese organismo se evidencia que la Contraloría sí sabía que los alimentos estaban descompuestos”, señaló Dinorah Figuera, presidenta de la dirección de consumo de Primero Justicia.

Figuera exigió que la Fiscalía ordene a Russián entregar los resultados de su investigación y deploró las aseveraciones emitidas ayer por Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional, en las que aseguró que los venezolanos no padecen de hambre y que el problema de los alimentos descompuestos es un asunto eminentemente mediático.

Interpelaciones:

El diputado por Podemos, Ismael García, aseguró que el Parlamento debe interpelar a Rafael Ramírez por el caso de los alimentos descompuestos. “Sabemos que no lo van a hacer, pero igual lo pedimos ante la Asamblea Nacional, y el Ministerio Público también debe actuar consecuentemente”.

García destacó la importancia de que el Poder Legislativo ejerza su función contralora, ante la negativa de la mayoría del Parlamento de investigar los hechos. “Esta situación se trata prácticamente de un delito. Esta pérdida de recursos es muestra de la ineficacia y corrupción del Gobierno”. Añadió que por todas esas irregularidades es necesario que a partir del 26 de septiembre se tenga en Venezuela una Asamblea capaz de supervisar, vigilar y controlar a la administración de justicia.

Defensora niega tener competencia en caso Pdval:

La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, aseguró que el organismo a su cargo no es competente en lo que respecta al caso de los alimentos descompuestos hallados en diversas zonas del país. Para la funcionaria la comida vencida es “un caso puntual”.

“Tanto el titular de la acción penal como el de la acción contralora deben tener y seguir la investigación (…) Además, esto forma parte de la agenda de investigaciones de la Asamblea Nacional”, dijo Ramírez, para quien los únicos responsables de esclarecer la irregularidad en la distribución de comida de Pdval son la Fiscalía, la Contraloría y la Asamblea Nacional.

Para la defensora, pudo haber ocurrido un “desvío” que llevó al daño de la comida que estaba destinada a formar parte del plan de masificación de distribución de alimentos en el país.

En cuanto al proceso que se sigue contra Guillermo Zuloaga, aseguró que los derechos fundamentales del empresario se han respetado y que en Venezuela existe libertad de expresión.

Prueba de ello es que Globovisión no ha sido sancionada.