El objetivo: amordazar la contraloría

El pasado 22 de junio la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Contraloría Ciudadana, que más que reglamentar esta actividad parece prohibirla.

Según Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, la Ley Orgánica de Contraloría Ciudadana contiene normas que restringen las libertades de la sociedad civil en su ejercicio contralor y pone trabas a la actividad de los defensores de derechos humanos (DD HH) en el país.

El artículo 8 de la ley, por ejemplo, establece que quienes ejerzan la contraloría “deberán guardar reserva respecto a la información y documentación obtenida en el ejercicio del control social”, con lo que informar y denunciar irregularidades se convierte prácticamente en delito.

Según la Asamblea Nacional, la finalidad de la Ley Orgánica de Contraloría Ciudadana es darle mayor poder al Pueblo. Pero ¿ Cómo puede el Pueblo aumentar su poder si debe “guardar reserva”(es decir, callarse la boca) con respecto a hechos en los que el Estado pueda estar actuando en contra de los intereses de ese mismo Pueblo al que dice representar?

No hace falta saber mucho de leyes para darse cuenta de que se trata una vez más del ya conocido doble discurso del régimen que con leyes, normas, reglamentos y supuestos principios no hace otra cosa que coartar la libertad de expresión y con ello reducir todas las demás libertades.

Un Estado cada día más sordo sólo puede mantenerse tratando de enmudecer por la fuerza a los ciudadanos.

Nuevas formas de mordaza contra las que seguiremos luchando con renovada energía.

No nos callarán.