HRW: Venezuela: Embestida legislativa contra la libertad de expresión y la sociedad civil

DICIEMBRE 22, 2010
Venezuela debe terminar con la campaña contra prestigioso defensor de derechos humanos
Venezuela debe cerrar la nueva oficina de censura de Chávez
Venezuela debe poner fin al abuso de la transmisión de cadenas obligatorias
Chávez y sus partidarios hacen sentir cada vez más el poder que tiene el gobierno para castigar a sus críticos. Y su intolerancia frente al disenso tiene ahora un nuevo objetivo en la mira: Internet

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch
(Washington, DC) - El poder legislativo venezolano sancionó recientemente tres leyes que representan una grave amenaza para la libertad de expresión y el trabajo de la sociedad civil, señaló hoy Human Rights Watch.

Las reformas a las leyes sobre medios de radio y televisión fueron aprobadas el 20 de diciembre de 2010 por la Asamblea Nacional, donde los aliados del Presidente Hugo Chávez tienen la mayoría absoluta de los votos. Los cambios incorporan restricciones indiscriminadas a la información que se difunde en Internet, refuerzan las restricciones que ya se aplican a los contenidos de radio y televisión y permiten al gobierno rescindir licencias de transmisión de manera arbitraria. Una ley aprobada el 22 de diciembre prohibiría que las organizaciones de derechos humanos reciban financiamiento del extranjero o que fomenten el diálogo público en Venezuela con organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de derechos.

"Chávez y sus partidarios hacen sentir cada vez más el poder que tiene el gobierno para castigar a sus críticos", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Y su intolerancia frente al disenso tiene ahora un nuevo objetivo en la mira: Internet".

La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos

Esta nueva versión de la ley de medios vigente fue aprobada el 20 de diciembre y, por primera vez, extiende también a Internet las restricciones aplicables a la libertad de expresión. Según la nueva ley:

No está permitida la difusión a través de medios electrónicos de mensajes que "fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público", "inciten o promuevan la desobediencia del ordenamiento jurídico vigente", "desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas" o "inciten o promuevan el odio y la intolerancia".
CONATEL, órgano gubernamental que regula a los medios de comunicación (radio y televisión), podrá ordenar a los proveedores de servicios de Internet que restrinjan el acceso a sitios web que contengan expresiones que se considere que transgreden las restricciones anteriores. Se aplicarán multas a los sitios web y prestadores de servicios que incumplan estas órdenes. Los proveedores de Internet podrán ser sancionados con multas de hasta el 4 por ciento de sus ingresos brutos correspondientes al ejercicio fiscal anterior.
La ley reformada también amplía el control ejercido por el gobierno sobre el contenido que se difunde en la radio y la televisión. De acuerdo con la ley:

Los medios de radio y televisión que transmitan materiales que se consideren violatorios de la prohibición de "foment[ar] la zozobra" y que "prom[uevan] la desobediencia", serán sancionados con multas del 10 por ciento de sus ingresos brutos durante el ejercicio fiscal anterior, y suspensión hasta por 72 horas.
Podrán revocarse las licencias de estos medios cuando se transmitan expresiones que, a criterio del gobierno, "promuevan, hagan apología, inciten o constituyan propaganda de guerra" o "induzcan al homicidio".
Las nuevas restricciones exceden los límites justificables a la libertad de expresión y la libertad de los medios reconocidos por las normas internacionales de derechos humanos y suponen la violación, por parte de Venezuela, de varias obligaciones jurídicas establecidas en tratados internacionales.

"El gobierno de Chávez podrá ahora impedir el acceso a sitios web y sancionar a las emisoras que insten al publico a plegarse a la desobediencia civil pacífica, o que simplemente transmitan noticias que generen zozobra entre la población", expresó Vivanco.

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones
La reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones aprobada el 20 de diciembre, que regula las licencias de transmisión, dispone por primera vez que los medios de radio y televisión e Internet constituyen un "servicio público" y que, como tales, quedan "reservados al Estado". La nueva ley establece que:

El gobierno podrá suspender o revocar licencias de transmisión a medios privados cuando "lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación, o cuando así lo exigiere el orden público o la seguridad".
Cuando la habilitación de las estaciones o los canales privados haya caducado o haya sido rescindida por la autoridad pertinente, se procederá a la "reversión" de sus bienes al gobierno, para garantizar la continuidad del servicio.
La Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional

La ley impide que los defensores de derechos humanos de Venezuela reciban ayuda internacional y limita gravemente su capacidad de fomentar el diálogo público con expertos extranjeros que sean críticos de las políticas de Chávez. Según dispone la ley:

Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a "la defensa de los derechos políticos" o a "ejercer control sobre los poderes públicos" no podrán recibir financiamiento extranjero.
Los extranjeros invitados a Venezuela por estas organizaciones serán expulsados del país en forma sumaria cuando emitan opiniones que "ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía". Las organizaciones que los auspicien podrán ser sancionadas con severas multas, y sus directivos podrán perder el derecho a postularse a cargos públicos por un período de hasta ocho años.
"La ley otorga al gobierno de Chávez aval jurídico para que extienda su práctica ya habitual de intimidar a los defensores de derechos humanos e intentar mantener a los defensores extranjeros alejados del público venezolano", manifestó Vivanco.

El Presidente Chávez y sus partidarios han intentado sistemáticamente desacreditar a defensores de derechos humanos locales mediante acusaciones infundadas de que son financiados por el gobierno estadounidense. En julio, por ejemplo, en un dibujo animado que se difundió a través de la televisión estatal, se representó a un conocido defensor de la libertad de expresión con un maletín repleto de dólares.

En toda América Latina, diversas organizaciones de derechos humanos han dependido tradicionalmente de los fondos aportados por fundaciones filantrópicas y otras fuentes de financiamiento extranjeras. El proyecto de ley pondría graves escollos a la posibilidad de las organizaciones de derechos humanos venezolanas de obtener financiamiento sostenible, señaló Human Rights Watch.

El gobierno de Chávez se ha negado a permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo misiones de investigación en Venezuela. En septiembre de 2008, detuvo por la fuerza y expulsó en forma sumaria a dos miembros de Human Rights Watch después de que presentaran un informe en Caracas. Para intentar justificar la medida, el gobierno invocó argumentos jurídicos engañosos y apeló a la defensa de la soberanía nacional.

Venezuela es parte en diversos tratados regionales e internacionales de derechos humanos clave, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y como tal tiene obligaciones jurídicas que exigen respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión y el derecho a organizarse, ambos indispensables en una sociedad democrática. También se aplican a Venezuela diversos estándares internacionales que protegen el derecho de los defensores de derechos humanos a llevar a cabo su labor sin intromisiones indebidas ni sanciones. Las nuevas leyes violan todos estos estándares e ignoran de manera flagrante las obligaciones jurídicas internacionales de Venezuela.

Government Granted Broad Powers to Control Internet and Broadcast Media

DICIEMBRE 22, 2010
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Chávez and his supporters are once again ratcheting up the government’s power to punish critics. And their intolerance for dissent now has a new target: the internet.

José Miguel Vivanco, Americas director at Human Rights Watch
(Washington, DC) - Three laws just approved by the Venezuelan legislature pose serious threats to free speech and the work of civil society, Human Rights Watch said today.

Changes to the laws governing broadcast media were approved on December 20, 2010, by the National Assembly, in which allies of President Hugo Chávez have an absolute majority. The changes introduce sweeping restrictions on internet traffic, reinforce existing restrictions on radio and television content, and allow the government to terminate broadcasting licenses on arbitrary grounds. A law approved on December 22 would prohibit human rights groups from receiving foreign funding or fostering public dialogue in Venezuela with international advocacy groups.

"Chávez and his supporters are once again ratcheting up the government's power to punish critics," said José Miguel Vivanco, Americas director at Human Rights Watch. "And their intolerance for dissent now has a new target: the internet."

The Law for Social Responsibility in Radio, Television and Electronic Media
Approved on December 20, this revised version of the existing broadcasting law extends existing restrictions on free speech to the internet for the first time. Under the new law:

Electronic media may not transmit messages that "foment anxiety in the public or disturb public order," "incite or promote disobedience of the current legal order," "refuse to recognize the legitimately constituted authority," or "incite or promote hatred or intolerance."
The government broadcasting authority, CONATEL, has authority to order internet service providers to restrict access to websites that contain expressions deemed to violate the above restrictions. Both websites and service providers that fail to comply with such orders are subject to fines. Service providers could be fined up to 4 percent of their gross income in the previous tax year.
The revised law also expands the government's control over radio and television content. Under the law:

Broadcast media that transmit material considered to violate the prohibitions on "foment[ing] anxiety" and "promot[ing] disobedience" face fines of 10 percent of their gross income from the previous tax year and suspension for up to 72 hours.
Broadcast media licenses may be revoked for transmitting expressions that the government decides "advocate, incite or constitute propaganda for war" or "induce homicide."
The new restrictions go beyond what is regarded under international human rights standards as justified limitations on free expression and freedom of the media, and put Venezuela in violation of several international treaty obligations.

"The Chávez government can now block websites and punish broadcasters for encouraging people to engage in peaceful civil disobedience, or merely for transmitting news that makes people anxious," Vivanco said.

The Organic Law of Telecommunications
Changes approved on December 20 to the Organic Law of Telecommunications, which regulates broadcasting licenses, declare broadcast media and the internet for the first time to be a "public service" and, as such, "reserved for the state." Under the new law:

The government may suspend or revoke broadcasting concessions to private outlets if it considers such action to be "convenient for the interests of the nation, or if public order and security demands it."
The assets of privately owned stations or channels whose operating license has expired or is terminated by the broadcasting authority will "revert" to the government to ensure the continuity of the service.
The Law for the Defense of Political Sovereignty and National Self-Determination
The law blocks Venezuelan human rights defenders from receiving international support and severely limits their ability to foster public dialogue with foreign experts who are criticial of Chávez's policies. Under the law:

Nongovernmental organizations that "defend political rights" or "monitor the performance of public bodies" are barred from receiving any foreign funding.
Foreigners invited to Venezuela by these groups will be summarily expelled from the country if they express opinions that "offend the institutions of state, top officials or attack the exercise of sovereignty." Organizations that invite them would face stiff fines, and their directors could lose their right to run for public office for up to eight years.
"This law gives the Chávez government legal cover to expand its longstanding practice of bullying local human rights defenders and trying to keep international advocates away from the Venezuelan public," Vivanco said.

Chávez and his supporters have repeatedly sought to discredit local rights advocates with unsubstantiated claims that they were on the payroll of the US government. In July, for example, it depicted a well known advocate of freedom of expression in a state television cartoon with a briefcase bulging with US dollars.

Human rights organizations throughout Latin America have long depended on financing from philanthropic foundations and other foreign funding sources. The proposed law would make it very difficult for Venezuelan human rights groups to secure sustainable financing, Human Rights Watch said.

The Chávez government has refused to allow the Inter-American Commission on Human Rights to conduct fact-finding missions in Venezuela. In September 2008, it forcibly detained and summarily expelled two Human Rights Watch staff members after they released a report in Caracas. The government attempted to justify the measure on specious legal grounds, as well as a defense of national sovereignty.

Venezuela is a party to key regional and international human rights treaties, including the International Covenant on Civil and Political Rights and the American Convention on Human Rights and as such has legal obligations to respect and protect the right to free expression and the right to organize, both fundamental to a democratic society. It is also bound by international standards that safeguard the rights of human rights defenders to carry out their work without undue interference or punishment. The new laws violate all such standards and blatantly flout Venezuela's international obligations.