¿Ley Mordaza en Ecuador?

Luis Pardo, presidente de AIR, cree que la Ley de Comunicación que está en debate es parecida a la norma venezolana.

Aprovechando su visita a Guayaquil como expositor en el Congreso de Marketing y Comunicación, el chileno Luis Pardo, presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusores, tuvo reuniones con colegas y el alcalde Jaime Nebot para conversar sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador. Lo que escuchó lo dejó preocupado.

¿Qué concluyó tras su visita?

Ratifico la situación que hemos denunciado desde hace un par de años: la libertad de expresión está en franco retroceso en Ecuador. Hay una conducta hostil del Gobierno hacia los medios... Lo que más nos preocupa es el aspecto legislativo: ahora ya existe una Ley de Radiodifusión de la época de la dictadura, que tiene elementos ajenos a los estándares democráticos, y se está discutiendo una Ley de Medios en igual sentido... Estos temas afectan la libertad de expresión.

¿Prevén el riesgo de censuras explícitas desde las leyes?

Partamos de elementos básicos: hoy se considera al espectro radioeléctrico patrimonio de la humanidad que los estados administran técnicamente. Es arcaico decir que se trata de un recurso administrado a su arbitrio. Es una facultad delegada a los estados por la comunidad internacional para evitar interferencias no para usarlo a favor de un gobierno. Las interpretaciones han generado un Estado omnipotente que por otra vía (incautaciones) se ha hecho cargo de medios que no han sido subastados o administrados por terceros que le den un manejo cercano a los estándares sobre los medios públicos, que no pueden estar al servicio de una visión sesgada.

En la consulta, el Gobierno introdujo dos preguntas para limitar la propiedad de los medios y crear un consejo de regulación...

La consulta pretende profundizar esa línea equivocada que ya plantea la Constitución y que se nota en las actuaciones del Gobierno. Felizmente, esa opción no alcanza al 50% de la población. Eso es una señal para que la sociedad se siente a dialogar. El Gobierno, que esperaba resultados avasalladores y se encuentra con un empate técnico, debiera reflexionar sobre los temas de libertad de expresión, en los que los márgenes son más pequeños.

¿A qué atribuye eso?

A que la ciudadanía valora mucho la libertad de expresión. Se puede tener una mala opinión de un medio o de todos, pero si se sopesa esto con la hegemonía del poder de turno, la que pierde es ella.

El presidente no da señales de estar abierto al diálogo...

La primera responsabilidad es del mandatario, que tiene el derecho de invitar a todos a sumarse a su proyecto, pero no imponérselo. Esa es la democracia. Si el Gobierno no escucha el mensaje del pueblo, especialmente en las preguntas sobre la libertad de expresión, estarán avanzando hacia un callejón sin salida.

¿Qué temas cuestiona de la Ley de Medios?

El control de contenidos a través de un consejo de integración aparentemente inocua, con representantes ciudadanos, pero que sabemos que finalmente será obsecuente al poder de turno. Lo hemos visto en Venezuela, que es el modelo de esa ley. A ese consejo se le otorga la facultad de sancionar, multar y hasta cerrar a los medios y la consecuencia es la autocensura, sobre todo en los más pequeños y vulnerables económicamente. Y esto se complementa con la (pregunta 3) que prohíbe que un radiodifusor pueda tener otra actividad económica, lo cual significa que no tendrá sustentabilidad y, por tanto, no será independiente del Estado.