CICPC en el ojo del huracán por violaciones a DDHH

En el caso del video en que se observa a funcionarios de Polichacao golpeando a detenidos en los calabozos de ese organismo, las instituciones del Estado venezolano respondieron rápidamente. En menos de una semana 11 policías fueron suspendidos y posteriormente imputados por lesiones.
La reacción no ha sido igual con el asesinato de tres hombres detenidos en la División de Aprehensión del Cicpc la semana pasada. Las víctimas fueron torturadas y golpeadas, presuntamente por funcionarios de este cuerpo policial a los que “se les pasó la mano”, según se comenta en los pasillos de la institución.

Tampoco el Estado ha actuado con contundencia en los casos de más de 50 cuerpos de seguridad que también han sido denunciados por la misma causa: violación de derechos humanos.
En los últimos tres años, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz ha registrado un total de 191 denuncias de abusos cometidos por funcionarios policiales y militares.

Entre los organismos más denunciados están el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con 55 casos; Policía Metropolita, con 19; Policía de Paz Castillo ( Valles del Tuy), con 18; Policía del Estado Lara, con 14; Policía de Tomás Lander (Valles del Tuy), con 12, y Guardia Nacional y Policaracas, con 11 casos cada una.
La lista incluye un total de 28 cuerpos de seguridad. La mayoría de los registrados por la Red de Apoyo también están señalados en el último informe de Provea como instituciones en las que existen funcionarios involucrados en irregularidades.

A pesar de esto, se desconoce si en esos organismos de seguridad se está ejecutando una investigación o se implementó la asistencia técnica por denuncias de abusos policiales, como se hizo con Polichacao.
El caso de CICPC ha roto el silencio de las víctimas quienes esta semana en el Diario El Nacional de este jueves, denunciaron lo que presuntamente ocurrió con los detenidos:
Sadam Rivero y su familia están dispuestos a colaborar en todo lo posible para que la Fiscalía determine qué funcionarios del Departamento de Aprehensión de la policía judicial participaron en la muerte de su hermano, Pedro Cipriano Rivero Rivas.

"Queremos que paguen por lo que hicieron. Ojalá y los manden a una cárcel para que vean", expresó.

Rivero, de 32 años de edad, es una de las 3 personas fallecidas el jueves 26 de mayo en la madrugada en la sede policial de El Rosal. Los otros 2 son William Nazareth Pérez y Rubén Enrique Arnal.

Rivero se desempeñaba como inspector de obras en la Alcaldía de Libertador. El domingo 22 de mayo, cuatro agentes de la policía judicial de Montalbán lo detuvieron en su casa por una denuncia que lo implicaba como cómplice en una violación el día anterior. El señalamiento era que supuestamente alteró con una droga la bebida que tenía la pareja de un amigo que lo visitó el sábado en la noche. Hasta el día de su muerte, él sostuvo que era inocente.

Pedro Rivero no se resistió al arresto, recordó su hermano. Los agentes, tres hombres y una mujer, le dijeron que debido a la hora lo llevarían a la subdelegación Montalbán hasta el día siguiente.

"Mi mamá, María Rivas, fue a Montalbán el lunes con 2 tíos.

Los agentes pedían 8.000 bolívares para dejarlo en libertad.

Era un soborno, pues. Como no teníamos esa plata dijeron que lo dejaban detenido, pero que en la semana iba para la calle", relató.

En conversaciones con la familia, concluyeron que mejor era pasar por todo el proceso.

Aunque tuvieran el dinero para pagar a los funcionarios, nada garantizaba que el inspector de obras iba a quedar limpio de antecedentes.

Confiado. Pedro Rivero creía que con el apoyo de la alcaldía pronto quedaría en libertad.

Sus patronos, supuestamente, estaban gestionando una carta de buena conducta para él, pero el documento nunca llegó.

Transcurrieron los días y Rivero comenzaba a desesperarse. El calor y el hacinamiento en las celdas más recónditas del Departamento de Aprehensión eran infernales. Había tanta gente que no cabían en esos espacios y tenían que permanecer en un pasillo confinado por rejas.

"Mi hermano reclamaba porque olía muy mal y otros también lo hicieron. Luego otros presos vieron cuando los agentes enrollaban trapos en unos bates de aluminio", dijo Sadam Rivero.

Añadió que luego tres agentes sacaron a su hermano y a William Pérez hasta una habitación cercana a las celdas.

"Allí los guindaron y les cayeron a batazos. También les metieron corriente. Les pedían que hablaran, pero no sé qué querían saber", explicó.

Simulación. Luego de la golpiza, Rivero y Pérez fueron devueltos con vida al espacio donde estaban anteriormente.

Ambos se quejaban de profundos dolores.

"Los presos se inquietaron porque a los moribundos los lanzaron al boogie. Decían que los agentes hicieron eso para luego echarle la culpa de los muertos a un motín de los propios detenidos", afirmó.

Rivero fue sepultado el sábado en el Cementerio General del Sur. Mientras lo velaban, su hermano detalló las numerosas lesiones que tenía: hematoma lineal en el pómulo izquierdo, así como otros redondos en el pecho. También tenía una herida abierta en la frente. En las plantas de los pies vio unas lesiones que le parecieron quemaduras por la aplicación de electricidad.

En la autopsia ¬añadió¬ también se indicó que el hombre tenía el cráneo fracturado.

Rivero no negó que su hermano pudo usar drogas en algún momento de su vida, pero no en los momentos previos a su detención. En esa oportunidad, dijo, sólo ingirió licor.

"El no se esperaba que lo fueran a buscar a su propia casa.

Cuando le dijeron que cuatro agentes lo solicitaban por su nombre, se quedó frío", señaló.

La semana pasada, Rivero dijo haber recibido en su vivienda la llamada de un alto funcionario de la policía judicial. El comisario general preguntaba si querían entrevistarse personalmente con él. Luego de una consulta, la familia de Pedro Rivero decidió que solamente hablarán con la fiscal 86 del área metropolitana, Desirée Boada.

Otra muerte en El Fogón. Testigos dicen que en el calabozo denominado El Fogón hay un muro donde suben a los detenidos como castigo. En ese sitio fue donde presuntamente estuvo Rubén Enrique Arnal, de 33 años de edad, que cayó y se ocasionó la fractura de cráneo. Fue uno de los 3 presos que murieron. Primero, fue llevado a Salud Chacao junto con otros 2 detenidos que se recuperaron pero, por la lesión que sufrió, a Arnal lo trasladaron al hospital de El Llanito donde falleció el 26 de mayo en la noche.

Pedro Rivero Rivas, de 32 años de edad, habría muerto atado a los barrotes de una reja, mientras que William Pérez, de 27 años de edad, falleció en una de las celdas.

Por Orian Brito