Chávez y la #OEA en jaque- María Teresa Romero- EL ANÁLISIS DE INFOLATAM

Con la seria y contundente comparecencia del embajador colombiano Luis Alfonso Hoyos en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA de este jueves, denunciando con pruebas y coordenadas claras y actualizadas la presencia de grupos irregulares de las FARC y el ELN en territorio venezolano, el gobierno de Álvaro Uribe no sólo ha puesto en jaque al gobierno de Hugo Chávez, sino también a todos los miembros del sistema interamericano. Ahora lo que cabe esperar es una respuesta también seria y contundente.

 

Pero, como en innumerables ocasiones anteriores, el gobierno venezolano ha reaccionado de entrada en forma irresponsable ante los colombianos y, por ende, ante  los venezolanos y los países hermanos del hemisferio. En vez de refutar con argumentos sólidos las graves denuncias del país vecino, ha optado nuevamente por el insulto y por el rompimiento de relaciones bilaterales. El gobierno de Álvaro Uribe no solicitó en la OEA una sanción para Venezuela, sino una respuesta sincera, una cooperación transparente de este país. Al no hacerlo, el régimen chavista queda aún más desprestigiado de lo que está, tanto nacional como internacionalmente. Y mientras no enfrente el problema, también se incrementarán las sospechas en torno a sus nexos con la narcoguerrilla colombiana.

Todo esto le es sumamente inconveniente al chavismo, sobre todo ahora que se encuentra  en medio de la campaña electoral a las parlamentarias de septiembre. Aún más lo será si, como se rumorea, el presidente Chávez decide aprovechar la coyuntura para cumplir su permanente amenaza de salirse de la OEA. Ello lo pondría de una vez por todas al margen de las normas interamericanas y del derecho internacional.

Por lo pronto, el descontento de comerciantes y ciudadanos en ambos países se hace sentir ante el cierre del  tránsito de mercancías en la frontera venezolano colombiana (San Antonio-Cúcuta) y ante la noticia de que no serán procesadas las mercaderías de exportación venezolanas y sólo serán nacionalizados aquellos bienes que ya habían cruzado la frontera venezolana. Pero desde hace tiempo el gobierno venezolano no capitaliza ese  descontento. Todo lo contrario. La mayoría de los venezolanos no quiere guerra ni rupturas con su vecino. De modo que es poco probable que tenga eco el reciente exhorto que el presidente Chávez y su vicepresidente, Elías Jaua, le acaban de hacer a la población venezolana a efectuar movilizaciones para respaldar su decisión de poner fin a las relaciones entre Venezuela y Colombia.

La respuesta de la OEA aún está por verse. El gobierno de Uribe puso a sus miembros  en una tesitura compleja, comprometedora, que no da lugar a las tibiezas de siempre.  Tendrán que definirse y tomar acciones en torno al asunto de las relaciones del chavismo con los terroristas colombianos. Ya no basta con ofrecer mediaciones y facilitaciones para un diálogo entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. No son suficientes los llamados a ambos gobiernos “a calmar los espíritus y buscar caminos” del Secretario General José Miguel Insulza. La OEA debe dar respuesta en menos de 30 días a la petición colombiana de crear una Comisión Internacional de Verificación, integrada por algunos de sus miembros, que visite los campamentos guerrilleros en territorio venezolano señalados por el gobierno de Uribe.

Así mismo, los estados miembros de la OEA deberán responder a la solicitud  de cooperación judicial de Colombia. Quedarían muy mal ante sus respectivas sociedades si sus sistemas judiciales se niegan a recibir a los desmovilizados colombianos que están dispuestos a acudir a ellos con pruebas de lavado de dinero, narcotráfico y secuestro, entre otras, que afectan a sus países.

El estado de debilidad y desprestigio en que se encuentra la OEA, obliga a sus integrantes –al menos a los más preocupados por la seguridad democrática de la región- a dar respuestas a las exigencias de uno de sus miembros de mayor peso. No hacerlo pone a la organización en una verdadera situación límite.

¿Dejarán los actuales gobiernos de EE.UU, Canadá, México, Perú, Chile e incluso los de izquierda democrática como el de Brasil y Uruguay, que la OEA sucumba definitivamente en sus manos y que Hugo Chávez se salga con la suya?