Mostrando entradas con la etiqueta Bolivia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Bolivia. Mostrar todas las entradas
| 0 comentarios ]

Robert Gates, secretario de Defensa norteamericano y ex jefe de la CIA, funcionario con fama de genio en Washington, escuchó pacientemente la andanada y abandonó el lugar antes de que finalizaran los actos. Morales acusó al gobierno norteamericano de haber estado tras las supuestas intentonas golpistas ocurridas en Venezuela (2002), Bolivia (2008), Honduras (2009) y Ecuador (2010). Dijo que Washington había "ganado" en Honduras pero "perdido" en los demás países. Hugo Chávez no tardó en felicitar a su amigo por lo que había hecho.

Chávez y Morales son rabiosamente antiamericanos. El antiamericanismo, para ellos, es un complemento clave de la ideología. Están convencidos de que el origen de todos los males del planeta está en el malvado comportamiento de lo que llaman "el imperio".

Morales, además, posee informaciones sorprendentes. Explica el origen de la calvicie europea como una prueba de la decadencia de la raza degenerada del hombre blanco, ha tomado nota de las agresiones del imperio romano a su país, y no duda de que la creciente falta de virilidad occidental es producto de la ingestión de pollos hormonados.

En todo caso, el señor Gates salió relativamente bien librado de la ofensiva verbal del pintoresco presidente de los bolivianos: podía haberle dado un rodillazo en los testículos, como el que le dio un jugador de fútbol con el que tuvo un encontronazo durante un partido, paradójicamente, amistoso.

El incidente ha servido para obligar a la administración de Obama a admitir una realidad muy desagradable, de la que la Casa Blanca y el Departamento de Estado pretendían evadirse: en América Latina hay cuatro gobiernos nucleados en torno al eje Caracas-La Habana denodadamente empeñados en perjudicar a Estados Unidos. Esos gobiernos, colocados bajo la etiqueta del socialismo del siglo XXI, aunque no todos de la misma manera ni con igual intensidad, cooperan con Irán en el desarrollo de armas nucleares, protegen a las guerrillas narcoterroristas de las FARC, mantienen una actitud antisemita y antiisraelí que les lleva a colaborar con los extremistas del Medio Oriente y se sienten forjadores de un foco redentor de la humanidad –como en su momento lo fueron la URSS y sus satélites– que algún día conseguirá doblegar a Estados Unidos y a Occidente, esa "civilización de la muerte", como suele decir Morales.

¿Qué puede hacer Estados Unidos frente a esta situación? Para algunos estrategas, se trata de un peligro menor que en algún momento llegará a su fin por razones estrictamente domésticas, dado que emana de gobiernos débiles, desorganizados y corruptos, con un líder natural, Hugo Chávez, con fama de loquito, que despierta cierto entusiasmo zoológico pero al que no se puede tomar en serio. 

En época de George W. Bush, el anterior presidente, los norteamericanos jugaron con la fantástica ilusión de que el Brasil de Da Silva los ayudaría a moderar el ambiente, pero no tardaron en descubrir que Lula, realmente, era uno de ellos, aunque dentro de las fronteras de su país se comportaba prudentemente y era casi un viajante de comercio de las empresas brasileras. Era un curioso caso de esquizofrenia ideológica.

Es probable, sin embargo, que el incidente con Robert Gates cambie esta negligente indiferencia con que, hasta ahora, Washington ha juzgado lo que sucede en América Latina con los países del llamado socialismo del siglo XXI. Se lo escuché decir al respetado ex embajador norteamericano Roger Noriega: "Si, como antes lo intentó Moscú, se empeñan en ser enemigos de Estados Unidos, si se asocian a nuestros peores adversarios, aquellos que quieren destruirnos, y si tratan de perjudicar nuestros intereses y liquidar el modelo de gobierno que los norteamericanos nos hemos dado libremente, ¿por qué no tratarlos como lo que ellos mismos han elegido ser?''.

Buena pregunta.

Copyright Libertad Digital SA. Juan Esplandiu 13, 28007 Madrid.
Tel: 91 409 4766 - Fax: 91 409 4899

| 0 comentarios ]

El proyecto de ley contra el racismo y la discriminación, ha suscitado una ola de protesta generalizada por la inclusión de dos artículos que permitiría cancelar las licencias de medios de comunicación que difundiesen declaraciones u opiniones racistas. El carácter genérico de la redacción que está considerando el Senado boliviano, justifican el temor de que haya una utilización política, discrecional y abusiva de esta ley, para coartar la labor informativa de quienes sean identificados como medios críticos al gobierno nacional.

En Bolivia, como en muchas otras naciones regidas por gobiernos que han caído en la pretensión totalitaria, las buenas intenciones de muchas leyes se han convertido en el camuflaje que oculta gravísimos atentados contra las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Obviamente, nadie se opone al concepto general de procurar una sociedad en la que todo ser humano sea respetado en su dignidad de persona y, por la tanto, no sufrir discriminaciones. Sin embargo, está claro que en este caso, la lucha contra el racismo está siendo instrumentalizada para tener una amenaza permanente sobre los medios de comunicación independientes, que ante el temor de ser clausurados, caerían inevitablemente en la autocensura.


No solo que este tipo de medidas no contribuirán a superar los problemas de racismo o discriminación que efectivamente existieran, sino que profundizaran las divisiones al interior de la sociedad boliviana, porque no prevén adecuadamente como se comprobaran y procesaran las denuncias, máxime si el sistema judicial boliviano no tiene las mínimas condiciones de actuar con independencia, dado que la mayoría de los miembros de la Tribunal Supremo de Justicia tienen carácter interino y han sido nombrados mediante decreto supremo por el presidente del Estado, al igual que el Tribunal Constitucional, el que además solo tiene carácter liquidador de causas presentadas hasta febrero de 2009, con lo cual los derechos de los ciudadanos bolivianos no tienen una instancia que los proteja efectivamente.

La actitud del gobierno del Movimiento al Socialismo, solo puede ser entendida por la mentalidad autoritaria que predomina en el entorno presidencial y los modelos totalitarios que intentan copiar del modelo chavista. No es casualidad que en Venezuela el gobierno haya ya estatizado a la mayoría de los canales de televisión y de las radios, procurando manipular la opinión pública, acabando la prensa libre.

Este es el objetivo de fondo, tener bajo control del gobierno la información que llega a los ciudadanos, para así asegurar su apoyo, ocultando la podredumbre en la que caen estos gobiernos y resaltando las supuestas virtudes del caudillo y su entorno. Muchos lo han intentado y al final han perdido la guerra contra el sentimiento innato de amor por la libertad que tenemos grabados en el ser humanos, aunque dependerá de las actitudes que asumamos cada generación, cuanto demorara la libertad en prevalecer sobre la pretensión totalitaria.









| 0 comentarios ]

Una mujer vende diarios en una calle de la capital (Foto Efe)

Bolivia fue testigo el jueves 7 de octubre de un hecho histórico. 17 diarios del país publicaron su primera plana en blanco con un mensaje similar: “No hay democracia sin libertad de expresión”, en señal de protesta contra los artículos 16 y 23 del proyecto de Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, que conculcan la libertad de prensa y expresión, y que hoy podrían ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional a pesar de las protestas y movilizaciones de organizaciones de prensa y de periodistas.

La población encontró con sorpresa en los puestos de venta de periódicos las portadas en blanco de los diferentes medios al iniciar una jornada en la que el Senado votará la aprobación del proyecto, al parecer sin ninguna modificación, tal como lo definió el partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS), con amplia mayoría en la Asamblea.
Los informativos radiales y las revistas matutinas de televisión destacaron la página en blanco y el titular de los periódicos con un mensaje similar. Los locutores radiales destacaron en cada capital departamental el hecho, mientras los conductores televisivos mostraron ejemplares de los periódicos.
Los medios que publicaron sus portadas en blanco con el mensaje “No hay democracia sin libertad de expresión” son 16 miembros de la Asociación Nacional de la Prensa: El Diario, La Prensa, y El Alteño, de La Paz; Los Tiempos, Opinión y Gente, de Cochabamba; El Deber, El Norte, El Día, El Mundo y Estrella del Oriente, de Santa Cruz; Correo del Sur, de Sucre; La Patria, de Oruro; El Potosí, de Potosí; La Palabra, de Beni; y Nuevo Sur, de Tarija.


Tapas periódicos ANP Bolivia

Además, se sumó el diario paceño de reciente creación Página Siete, que en su portada en blanco adjuntó una explicación de su protesta. “Es inaceptable que de manera forzada e incoherente se incluya un artículo, en la ley contra el racismo, destinado a clausurar medios. Ello demuestra la intencionalidad del Gobierno contraria a la libertad de expresión… Con esta medida, Página Siete acepta seguir una acción sugerida por la ANP, entidad de la que, sin embargo, no es miembro”.


Martín Balcázar, director del periódico “La Prensa” y vocal de la ANP explicó que el titular y la página en blanco publicada este jueves 7 de octubre por los principales periódicos es una manifestación de que “estamos defendiendo el derecho constitucional a la libertad de expresión”.
Agregó que “aunque lo hemos dicho hasta el cansancio, lo repetimos: los periodistas no estamos en contra de la lucha contra el racismo y la discriminación; sólo defendemos la libertad de expresión, conculcada por los artículos 16 y 23 del proyecto de Ley”.

Fuente Asociación Nacional de Prensa ANP Bolivia

| 0 comentarios ]

La situación de los derechos humanos en Bolivia se ha agravado en varias áreas durante los últimos años. Un documento de referencia importante es el informe emitido en marzo pasado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado norteamericano, con un balance correspondiente al año 2009.

El informe subraya la existencia de ejecuciones ilegales (caso Hotel Las Américas), torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos amparados en la mal llamada “justicia comunitaria” y amenazas a la libertad de prensa.

En el acápite dedicado a la “Privación arbitraria o ilegal de la vida” se indica que las fuerzas de seguridad mataron a tres presuntos terroristas internacionales que según la oposición “fueron reclutados por el propio gobierno o rápidamente infiltrados”. Se acota que el presidente Evo Morales rechazó los pedidos de los gobiernos de Hungría, Irlanda y Croacia para llevar a cabo una investigación internacional del caso.

El informe es particularmente duro en lo que respecta a la “justicia comunitaria”, a la que define como una “violencia de turbas que a menudo conduce a muertes violentas”. Se reportan 14 casos de estos hechos a lo largo del año pasado.

El documento agrega que “no hay avances en la investigación de las muertes ocurridas en septiembre de 2008 en Porvenir y Cobija, cuando 11 individuos murieron en la confrontación entre una marcha de campesinos y ciudadanos de Porvenir, y otros dos fueron asesinados al día siguiente cuando fuerzas de seguridad tomaron el aeropuerto de Cobija”.

Se refiere la existencia de un video que muestra la toma de rehenes por parte de los marchistas, los intentos de los ciudadanos de Porvenir por disuadir mediante el diálogo la entrada de los campesinos en esa localidad, las fallas en la actuación de la Policía y el fuego cruzado entre ambos bandos.

En materia de “Torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” se reportan abusos de las fuerzas de seguridad en el denominado “caso Rozsa”, sobre la base de fotografías que muestran heridas en el cuerpo y el rostro de los detenidos Elod Toaso y Mario Tadic.

Otro caso consignado es el ataque sufrido por Jeniffer Wissemberg, esposa del general César López, quien sufrió daños severos en sus ojos por una brutal agresión de desconocidos luego de que su marido inculpara al ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en el caso de contrabando de los 33 camiones.

También se registran las agresiones sufridas en los Yungas por la disidente del MAS Marlene Paredes, el ataque a familiares del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y la toma violenta de su casa, así como el flagelamiento sufrido por el dirigente indígena Marcial Fabricano a manos de partidarios del presidente Evo Morales.

En el ítem “Arrestos arbitrarios” se describen los casos de Betty Aponte Justiniano, detenida durante 21 horas por insultar al ex ministro Quintana, así como los apresamientos irregulares de Jorge Melgar Quete y Reinaldo Bayard. La sección de “Prisioneros políticos” también detalla el caso del derrocado prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

El informe advierte sobre la interrupción del funcionamiento del Tribunal Constitucional, que no ha permitido fallos de ese órgano sobre “actos cuestionables del gobierno”.

En materia de “Libertad de expresión y de prensa” se indica que el gobierno mantiene una relación de enfrentamiento con los medios de comunicación. Se recogen denuncias de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), donde se habla de 112 ataques a periodistas. Igualmente, se mencionan la agresión policial contra un camarógrafo y la explosión de una bomba en el periódico El Potosí.

El documento señala la continua tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica, incluyendo comentarios del presidente Evo Morales donde califica a la jerarquía eclesiástica como “enemiga”.

Si todo lo anterior ya es más que suficiente para poner en rojo el balance de los derechos humanos en el país, la reciente campaña de detenciones contra opositores desatada en el 2010 proyecta una sombra aún más preocupante sobre la protección de las garantías y libertades civiles de los bolivianos.

* Emilio Martínez es escritor y periodista.

 
Share