Los dueños de alguna propiedad, bien sea grande o pequeña, duermen inquietos en Venezuela estos días. Desde de que la oposición ganó por estrecho margen la mayoría de los votos en las elecciones legislativas celebradas el pasado mes de septiembre, el presidente de izquierda Hugo Chávez ha entrado en una juerga de nacionalizaciones expropiando de todo, desde empresas siderúrgicas y fabricantes de vidrio hasta complejos de viviendas. Y si los trabajadores protestan, enseguida despliega la Guardia Nacional para que actúen en contra de ellos.
El gobierno justifica las confiscaciones diciendo que trataba de acabar con los monopolios o detener violaciones de regulaciones laborales o ambientales. Pero el objetivo parece ser proceder decididamente en contra de lo que califica como “la oligarquía” antes de que el nuevo parlamento, que tiene una considerable minoría opositora, comience su período de sesiones de enero.
El 25 de octubre la filial venezolana de Owens-Illinois, un fabricante de vidrio de Estados Unidos, pasó a ser la empresa número doscientos en ser nacionalizada en lo que va de año. Como de costumbre, gerentes y trabajadores se enteraron de su suerte durante una transmisión televisiva en directo por parte del presidente, quien acusó a la empresa de explotar a sus trabajadores y arrasar con las florestas. Pero el decreto de expropiación, publicado al día siguiente, no hizo mención de estos presuntos delitos y, en su lugar, acusaba a la empresa de explotar su posición dominante en el mercado.
El propio gobierno ha admitido que ha confiscado unos tres millones de hectáreas de tierras de cultivo, y que planea apoderarse de otras 450.000 hectáreas el año que viene. Y aunque la Constitución de 1999 garantiza el derecho a la propiedad, cambios sucesivos a la ley de tierras confieren al gobierno el derecho de apropiarse de cualquier finca que le antoje, en la mayoría de los casos con poca o ninguna compensación.
Empresas comerciales e industriales no han corrido mejor suerte. De acuerdo con Fedecámaras, desde que Chávez asumió la presidencia en 1999 cerca de 400 compañías han sido nacionalizadas, la gran mayoría de ellas en los últimos dos años. La Cámara Venezolano-Americana de Comercio asegura que los propietarios de sólo nueve de las 44 compañías miembros que han sido expropiadas este año han recibido indemnización. La Constitución establece que la expropiación no puede tener lugar sin una sentencia firme de los tribunales y una indemnización justa. En la práctica, un plumazo del presidente es todo lo que se requiere.
El argumento oficial para las nacionalizaciones ha cambiado a lo largo de los años. Las primeras adquisiciones forzosas se justificaron en razón de que la empresa (o finca) era improductiva. Luego el gobierno decidió que áreas “estratégicas” de la economía debían pasar a manos del Estado, así que en 2007-08 se apoderó de compañías privadas en los sectores petrolero y eléctrico, así como telecomunicaciones, la industria del cemento y Sidor, una empresa siderúrgica privatizada en la década de 1990.
El gobierno también controla ahora una cuarta parte del sistema bancario. Chávez dijo recientemente que cualquier banco que se negara a “cooperar con el desarrollo nacional” mediante la asignación de créditos en función de las prioridades del gobierno también sería expropiado. Hoy en día los funcionarios de alto rango declaran abiertamente que su objetivo es implantar una economía socialista.
Paradójicamente, pese a las adquisiciones, la cuota del Estado en el PIB se mantiene alrededor de 30%, igual que en 1998. Eso se debe en parte a que el sector privado se expandió vertiginosamente durante el auge petrolero 2004-08, pero también a que muchas empresas nacionalizadas ahora producen menos que cuando estaban en manos privadas. Gran parte de la industria alimentaria ha sido confiscada a fin de “garantizar la soberanía alimentaria”, pero el resultado ha sido un marcado incremento de las importaciones. A principios de este año, más de 130.000 toneladas de alimentos importados por PDVAL, un brazo de la empresa petrolera estatal, se encontraron en estado de descomposición en puertos y tierras baldías.
Puede que haya una o dos excepciones. Las autoridades aseguran que la producción de Enlandes, una firma de leche nacionalizada, se ha incrementado 50% en dos años. El ministro de Ciencia declaró recientemente que la clientela de la CANTV había aumentado en 65% desde su nacionalización, aunque no ofreció detalles. Pero en general, una vez que las empresas caen en manos del Estado los niveles de personal aumentan, los precios caen y se vuelven dependientes de los subsidios del gobierno. Además, tienden a producir una gama de productos más reducida.
La industria de la construcción se ha visto gravemente afectada por la nacionalización. Las cabillas y el cemento se han tornado más escasos (hay un próspero mercado negro en ambos). Sidor produjo 4,3 millones de toneladas de acero en su último año de propiedad privada mientras que este año aspira a producir dos millones de toneladas. Otra de las razones por la cual la construcción de complejos de viviendas se ha demorado o detenido es que el gobierno ha prohibido a las urbanizadoras ajustar los precios en función de la inflación, la cual supera 30%. A principios de este mes Chávez expropió seis inmuebles en construcción, para el horror de la mayoría de los compradores. Las inmobiliarias, afirma el presidente, son “bandidos” que no serán compensados por la confiscación.
La historia se repite en casi todas las áreas en que el gobierno ha metido la nariz. La nacionalización del sector eléctrico contribuyó a la crisis eléctrica que ha resultado en severas medidas de racionamiento y apagones no programados en todo el país. La industria del petróleo, buena parte de la cual ya era propiedad estatal, ha sufrido una importante caída en la producción tanto de crudo como de productos refinados; en cuánto, es tema de discusión.
Las encuestas sugieren que la mayoría de los venezolanos desaprueba las nacionalizaciones y apoya la propiedad privada. Sin embargo, Chávez parece estar siguiendo los consejos de Alan Woods, un trotskista galés que se ha convertido en un asesor informal del presidente. Woods instó públicamente al presidente a responder a su revés electoral “acelerando el proceso revolucionario”, expropiando tierras, bancos y las industrias principales. Más vale que los venezolanos se preparen para más nacionalizaciones, escasez y declive económico.
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