Las listas de nombres estuvieron completas después de cuatro días de intervención de la cárcel El Rodeo I. A las 7:10 de la mañana, un camión rotulado con el logo de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios se colocó en la entrada del sector La Rosa -donde permanece un grupo importante de mujeres- para exhibir, pegados a la cava, los listados con los nombres de los 2.500 reclusos del penal que, el domingo, fueron trasladados a Tocorón, Uribana, Puente Ayala y Yare.

“¡Aquí está!, ¡Aquí está!” gritaban las mujeres luego de recorrer concentradas los pendones. Sus lágrimas eran de felicidad y de alivio. “Está vivo, hija, ya puedo respirar tranquila. Ya sabemos donde están”, repetían, mientras se abrazaban.
Otras, como Sofía González y Mercedes Burguillos, no supieron lo que era recuperar la tranquilidad. A pesar de releer y de rebuscar en los listados los nombres de sus hijos no estaban allí impresos. “Todavía guardo la esperanza de que mi hijo esté allá arriba”, dijo Mercedes, refiriéndose al grupo internos que permanece en el Rodeo I tras la intervención.
Se trata, según han declarado las autoridades, de 934 privados de libertad. De esos, el domingo estuvieron censados 280, el lunes debieron censarse los demás. Pero durante la mañana de ayer, esa lista aún no había bajado.
Al parecer esos 934 presos, serán trasladados a otros centros penitenciarios. El ministro de Relaciones de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, dijo que la idea es que durante dos semanas las instalaciones de El Rodeo I sean remozadas para que los internos regresen.
Tregua en El Rodeo II
El procedimiento para tomar la cárcel El Rodeo II comenzó paralelo al de El Rodeo I. Sin embargo, no se ha podido retomar el control del penal.
Desde las 8:00 am del viernes, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y autoridades del Ministerio de Interior y Justicia intentan negociar con los líderes (pranes) del penal, para que se entreguen. Pero el esfuerzo ha sido infructuoso. El domingo en la tarde, un grupo de reclusos decidieron rendirse y sacaron trapos blancos. Pero no fue posible salir. Esa noche seis lograron ser rescatados y gracias a su ayuda, otros 36 fueron sacados el lunes en una operación táctica que adelantó la GNB.

Durante este martes, los internos de El Rodeo II decidieron no accionar sus armas. Se pudo conversar vía telefónica con uno de ellos, que prefirió no identificarse, y dijo que ellos había hecho un “alto al fuego” porque habían sacado a cuatro reos fallecidos que ya estaban descompuestos y los habían dejado en el área de “el Comedor para que los buscaran”.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, se pudo conocer que los líderes de El Rodeo II, al parecer, habían ejecutado a 12 reclusos que habían manifestado su decisión de rendirse. Sin embargo, El Aissami desmintió que en El Rodeo II haya presos muertos.
El ministro El Aisaami, informó anoche que lograron “rescatar” a otros 39 reclusos. La operación además de sacar detenidos, buscaba recuperar archivos y encontrar evidencias. Ya van 81 reos evacuados.
Por ricardog

Según el articulo #20  de la declaración de los #DDHH dice lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

■ La Ley Orgánica del Poder Popular es la principal norma restrictiva.
■ ONG denuncian trabas en el registro jurídico y constitución de gremios paralelos
■ La Organización de Estados Americanos aprobó en la Asamblea General del pasado 7 de junio, celebrada en El Salvador, una resolución para la Promoción de los Derechos de Reunión y de Asociación en las Américas.
El texto exhorta a los Estados miembros a respetar el derecho de sus ciudadanos a la reunión y a asociaciones pacíficas; así como al impulso de diferentes vías de participación ciudadana y comunitaria para el proceso de tomas de decisiones.
Además, la resolución de la OEA estimula el desarrollo de redes de información sobre políticas y programas públicos para que los ciudadanos tengan una función más activa en la adopción de políticas gubernamentales.

El derecho de asociación está consagrado en la Constitución Nacional de 1999 y Venezuela ha suscrito pactos internacionales que lo ratifican. No obstante, la investigación realizada por las organizaciones no gubernamentales Civilis Asociación Civil y Sinergia evidencia que las leyes sociales sancionadas por el Gobierno vulneran el desarrollo de esta garantía, que es el eje del resto de los derechos humanos.
Cinco leyes aprobadas en 2010 limitan el derecho de asociación. Estas normas son la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de Contraloría Social, la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
El énfasis restrictivo está en la Ley Orgánica del Poder Popular, en la cual el Estado sólo reconoce como soberanos a los que se asocien con fines socialistas a través de instancias bien definidas: expresiones organizativas populares, consejos de trabajadores, de campesinos, de pescadores “y cualquier otra organización social de base articulada a una instancia del poder popular debidamente reconocida por la ley y registrada en el ministerio con competencia en participación ciudadana”.
Otro aspecto llamativo de la ley es que el modo de asociación socialista circunscribe su acción a la gestión en organizaciones comunitarias y comunales, y se favorece la creación de grupos según un criterio centralizador. Sobre este instrumento legal pesa una solicitud de nulidad, formulada por profesores universitarios ante el TSJ.
En la práctica, sólo es posible participar en un plan de gobierno si un ciudadano pertenece a un consejo comunal y se adscribe al proyecto socialista.
En la Ley Orgánica de Contraloría Social, igual que en la norma anterior, los miembros de las organizaciones no pueden ejecutar actividades de forma autónoma. También, según el diagnóstico de las ONG, se entorpece financieramente la función contralora de tales grupos.
Denuncian persecución. Las ONG venezolanas han señalado que las limitaciones que las afectan incluyen dificultades para formalizar su registro jurídico, como ha ocurrido con el Foro por la Vida, que agrupa 19 asociaciones, y la prohibición de recibir financiamiento de organizaciones internacionales.
En la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional se consideran actos desestabilizadores e insurreccionales la recepción de financiamiento externo y la invitación de extranjeros que cuestionen el gobierno del presidente Hugo Chávez. En el texto legal se vincula la acción política ciudadana con la de los partidos políticos.
Yolanda D’Elia, coordinadora de Civilis AC, advierte que el derecho de asociación y el derecho de reunión son violados con las barreras impuestas por el Estado para vigilar lo que la gente dice o hace a través del Servicio Bolivariano de Inteligencia y otras organizaciones. La censura a las garantías humanas ­asegura D’Elia­ se da con el reclutamiento de personas que aportan información a las autoridades militares “con el argumento de la seguridad de la nación y la corresponsabilidad en la defensa integral”.
Estos elementos se traducen en la sensación de vigilancia permanente que se adueña de los ciudadanos. Otro indicador de cómo se vulnera el derecho de asociación son las causas que se han abierto a 34 organizaciones civiles en los tribunales.
El derecho de asociación también se cercena con el desconocimiento por el Gobierno de asociaciones gremiales y sindicales constituidas y además al estimular la creación de organizaciones paralelas. “Los sindicatos como asociaciones libres son los más atacados, no se reconocen sindicatos autónomos y esto afecta las contrataciones colectivas y vulnera tratados como los suscritos por la OIT”, acota Yolanda D’Elia.
Asimismo, en el país la criminalización de la protesta es vista como una arremetida contra los derechos a la reunión y de asociación. La Federación de Centros Universitarios de la UCV ha dado cuenta de causas abiertas a 300 estudiantes en todo el país.
La Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones amplía las sanciones del Estado sobre el sector.
Aquí se regulan los servicios o redes que administran radio y televisión y toda actividad comunicacional a través del espectro radioeléctrico.
Diálogo cerrado:
En el país no se ha dado un proceso de diálogo entre el Gobierno y las ONG. Rafael Uzcategui, coordinador de investigación de Provea, subraya que no existe la posibilidad de interlocución ni de lograr respuestas del Estado.
El silencio del Gobierno para con las organizaciones no socialistas es parte del proyecto político que privilegia nuevas formas de participación que desplazan las tradicionales y disminuye el derecho de participación, de acuerdo con lo dicho por Uzcátegui.
Monitoreo permanente:
La abogada Liliana Ortega, fundadora del Comité de Familiares de las Victimas del 27 y 28 de Febrero de 1989, indicó que con la resolución aprobada por la OEA el sistema interamericano se une a los esfuerzos de la ONU que recientemente creó la Relatoría sobre el Derecho de Asociación. Ortega cree que ambas instancias son esenciales para el monitoreo de las garantías a ese derecho.
La vocera de Cofavic señala que en el país se visualizan “importantes retrocesos para la vigencia del derecho de asociación”. Advierte casos concretos, como las restricciones legislativas y judiciales y políticas de criminalización contra las ONG y las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Adicionalmente, asegura que existe “impunidad” en casos en los que se ha denunciado hostilidad contra defensores de derechos humanos.
Ramón José Medina, coordinador del equipo internacional de la MUD, asegura que la resolución de la OEA fortalece los convenios suscritos por Venezuela sobre la materia, especialmente el Pacto de San José y la Corte Interamericana de Derechos Humamos. Medina destaca el carácter puntual de la norma.
La MUD respalda la demanda de las ONG del cumplimiento efectivo de los derechos de asociación y reunión para el desarrollo de la democracia y el resguardo de los derechos ciudadanos.
El exhorto a los países miembros de la OEA debe cumplirse, demanda Carlos Correa, coordinador de la organización Espacio Público. Puntualiza que no puede asumirse un derecho como delito, y asevera que las dificultades del ejercicio de esta garantía afectan a toda la sociedad y también el derecho de manifestación.
En la resolución de la OEA se subraya el respeto y la protección plena que los Estados deben dar a la libertad de reunión y asociación pacífica. Esto se traduce en la adopción de las medidas necesarias para asegurar los derechos en el marco de la Constitución y las leyes. Subrayan que “nadie podrá ser obligado a pertenecer a una organización”.
Extaída de Reportero 24

Organizaciones Civiles realizaron un pronunciamiento en rechazo a los ataques del Gobierno Nacional a las ONGs que trabajan constantemente en la defensa de los Derechos Humanos, entre las instituciones presentes estuvieron Fundepro, Frente Nacional de Abogados, Mujeres de Negro, Justicia y Proceso y Un Mundo Sin Mordaza, quienes condenaron la persecución en contra de las organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones, encabezado por Humberto Prado y Ventana a la Libertad, dirigida por Carlos Nieto Palma, quienes han sido acusados de ser co responsables de la crisis carcelaria que vive Venezuela. Así mismo rechazaron las acusaciones que se han hecho contra medios de comunicación independientes como 6to Poder y su director el periodista Leocenis García y el canal de noticias Globovisión.

Jackeline Sandoval, Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) informó que todas las ONGs se articularán para investigar a fondo los sucesos ocurridos en El Rodeo, así como respaldar cualquier acción de protección a las organizaciones señaladas ante instancias nacionales e internacionales, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que reconozca su fracaso en materia penitenciaria.

Por su parte, Felix Velásquez por Un Mundo Sin Mordaza, expresó que dicha organización ve con preocupación cómo los Derechos Humanos en las cárceles venezolanas no valen nada, los privados de libertad están subsistiendo al infierno y al hacinamiento sin que nadie vele por ellos, por años el tema de las cárceles se les ha escapado de las manos a las autoridades competentes, sin lograr cambios estructurales en el sistema penitenciario. Es vital que se garantice la seguridad e integridad física de los reos y cese la violencia y asesinatos no solo en El Rodeo, sino en todas las cárceles del país.

Frente a esta escalada del gobierno de tratar de culpar a quienes no tienen la culpa del problema carcelario, las organizaciones no gubernamentales exigieron a la Asamblea Nacional que cite al Ministro del Interior y Justicia para que explique claramente el por qué de tantas armas ilegales en los penales y la mirada cómplice de los guardias nacionales, interpelar al director del rodeo para que le explique a Venezuela como están tan armados los reos.

Varios expertos consideran que los cubanos de la raza negra y las mujeres pertenecen al grupo de las personas más discriminadas por el gobierno de los hermanos Fidel y Raúl Castro.
La microbióloga, Berta Soler, declaró que el Gobierno continúa despidiendo empleados estatales, pero no de forma masiva como había anunciado en 2010.
“Realmente no ha sido así, -dijo Soler a martinoticias.com- el Gobierno se ha aguantado un poco, pero sigue despidiendo”.

“En este momento, -recalcó la opositora- en lo que es la rama de Salud Pública se están sacando muchas personas, principalmente de bajo nivel (…) las que limpian, los camilleros, que generalmente son de la raza negra”.
Soler indicó que es lamentable que todo esto suceda y enfatizó que el régimen nunca ha mostrado preocupación por los negros: “A la raza negra siempre la tienen marginada, la tienen separada (…) y es la que menos posibilidades tiene”.
La Dama de Blanco agregó que las autoridades gubernamentales “están despidiendo una cantidad determinada de personas y la mayoría de ellas son de la raza negra, que son las que tienen los peores empleos”.
El economista independiente Oscar Espinosa Chepe manifestó que La Habana “optó por modificar el cronograma de desempleo, que establecía un despido hasta abril de medio millón de trabajadores”.
Espinosa Chepe recordó que “el programa en su conjunto (contempla) el despido en tres años de 1.300.000 trabajadores, (…) cerca del 25 por ciento de la fuerza de trabajo ocupada actualmente”.
El economista señaló que el Gobierno “no ha dicho que no lo va a hacer”, pero va mucho más lento “porque se suponía que el trabajo por cuenta propia fuera una fuente de empleo, igual que el desarrollo del trabajo en la agricultura; el programa de entrega de tierras en usufructo (y no ha ocurrido así) “.
El exprisionero político del Grupo de los 75 afirma que el Gobierno no ha hablado hasta el momento de los factores más importantes, que son los que detienen el crecimiento del trabajo por cuenta propia y de la creación de empleos; es decir, que no quiere que progresen los negocios, “para tenerlos controlados”.
Agregó que “hay una cantidad de impuestos que son progresivos para la utilización de la fuerza de trabajo, que tampoco permiten que se incremente el empleo (…) y puede suceder que se paguen más impuestos que salarios, lo que impide que los negocios progresen (…) y se creen empleos”.
Otro aspecto preocupante es que las mujeres podrían estar entre las más perjudicadas por los despidos, sean o no masivos.
La escritora Ileana Fuentes, residente en Miami, y fundadora de la Red Feminista Cubana, declaró a martinoticias.com que “el problema es real, porque el 49,7 por ciento de la fuerza laboral (en la isla) está integrada por mujeres, y en sectores como la Educación y la Salud Pública son el 69 y 70 por ciento, respectivamente”.
Fuentes señaló que “es una problemática que no se puede enfocar si no se tiene una conciencia de género, una planificación mental de la economía y de la sociedad en término de género”.
Añadió que “las mujeres tienen la carga de su familia, de sus hijos, y en la mayoría de los casos de los ancianos, de los enfermos” y dejarlas sin trabajo traerá consigo un aumento de la pobreza y la prostitución.
María Elena Mir Marrero, secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, opinó que uno de los principales problemas que enfrenta la persona que pierde su empleo es que no puede acudir a “ninguna otra entidad que lo pueda proteger, que lo pueda ayudar”.
La sindicalista destacó que los casos de mujeres desempleadas son muy difíciles, porque actualmente “hay muchas mujeres separadas de sus esposos” y son ellas quienes alimentan a sus hijos.
Manifestó que el dinero (manutención) que un padre aporta a la educación de su hijo no pasa de 80 pesos (moneda nacional) y ese dinero a duras penas sirve para “comprar cinco jabones durante el mes, para ese muchacho”.
La opositora dijo que “la mujer sí está afectada, sí está sufriendo, y sí se ha caído esta sociedad aún más de lo que estaba, porque (la mujer) es la base (y no tiene el apoyo del Gobierno)”.
Mir Marrero agregó que en este momento, según los datos extraoficiales que ella maneja, hay en la isla “cerca de un 43 por ciento de mujeres despedidas de sus puestos de trabajo”.
Extraído de Impacto Cna.

En diciembre del año pasado, un informe del Gobierno chino admitió que el problema de la corrupción es "muy grave"; oficiales reportaron haber investigado más de 240.000 casos en los últimos siete años, incluyendo casos de sobornos y de desfalco.

Varios de los sitios web "yo pagué un soborno" que aparecieron recientemente en China como una ventana de queja contra la corrupción, han sido clausurados y declarados ilegales por no estar registrados, informó el portal de noticias Renminwang ("Red del Pueblo") y otros medios chinos.



Varios de los creadores de estos portales chinos, que ya suman más de 10 y han ganado mucha fama en la red, han denunciado a los medios que sus portales han sido declarados ilegales ya que las autoridades alegan que no están convenientemente registrados (algo que ellos reconocen que no han hecho por temor precisamente a ser perseguidos, ya que en ese caso perderían el carácter anónimo).

Los afectados declararon también que temen ser presas de una "venganza", y que sus portales sufren frecuentes bloqueos de contenidos.

El subdirector de la Oficina Anticorrupción de Pekín, Zhang Jing, reconoció estos cierres y dijo que su oficina tiene la obligación de regular la red internet, a pesar de que sabe que esta iniciativa "responde al buen deseo de la ciudadanía china por luchar contra la corrupción".

Zhang agregó que si lo que se publica en estas páginas es falso "tendría un efecto muy negativo en los involucrados e influiría en el trabajo de investigación posterior".

Al mismo tiempo, el director de la Fiscalía de la capital china, Luo Shouliang, dijo que este tipo de portales web no son legítimos, según reseñó Efe.

Luo añadió que todas las acusaciones de los ciudadanos deben llevarse a cabo dentro de un contexto jurídico y civil, que éstos deben confiar en los departamentos especializados para resolver estos problemas, y que no se puede permitir que cualquier organización o persona participe de estas labores.

Inspirados en un popular portal indio de similar nombre que lleva un año funcionando (www.ipaidabribe.com), los portales "Wo xinghuiliao", "Wo xinghuila", "Wo xinghuile", entre otros -todos significan "pagué un soborno" en mandarín- se abrieron a inicios de junio, como una plataforma de queja contra la corrupción.

En la India, el portal "pagué un soborno" develó en menos de un año más de 10.000 casos de corrupción tras los que se detuvo a más de 20 funcionarios gubernamentales.

En diciembre del año pasado, un informe del Gobierno chino admitió que el problema de la corrupción es "muy grave"; oficiales reportaron haber investigado más de 240.000 casos en los últimos siete años, incluyendo casos de sobornos y de desfalco.

En marzo de este año el primer ministro chino, Wen Jiabao, ratificó que la corrupción en China es uno de los principales problemas del país.
Extraído de El Universal

La familia Pacheco vive en un edificio en Maracaibo, estado Zulia, una de las regiones en Venezuela que está sufriendo el regreso de la crisis eléctrica que enfrenta el país. Como si se tratara de una gripe mal curada, los cortes eléctricos regresaron a la cotidianidad venezolana y desde ya están perjudicando la calidad de vida de muchos ciudadanos.

El fin de semana pasado fue no de los más críticos para la familia Pacheco, no pudieron dormir porque no contaban con la electricidad para encender los ventiladores que les permite soportar temperaturas de 35 grados centígrados. Alberto y Francisco son los hijos de la familia, Alberto tiene 7 años, en medio de su inocencia se divertía cada vez que le tocaba soplar una vela y volverla a encender cuando el apagón regresaba. Francisco tiene solo 1 año y el calor lo hizo llorar toda la noche, además Ana, su madre, sufrió penurias tratando de calentar el alimento que podría calmarlo

Luego de 37 horas de constantes cortes eléctricos, el servicio regresó a la casa de la familia Pacheco, la sorpresa no se hizo esperar, ya que más allá de sentirse un poco más tranquilos por contar con la energía eléctrica, se percataron que muchos electrodomésticos se habían quemado por culpa del racionamiento impuesto, lo peor, es que nadie responderá por ellos y los cortes volverán, quizás la culpa es de los Pacheco, por no tener protectores de energía y por querer dormir con el ventilador encendido tanto tiempo.



Otra realidad es la que vive la familia Gómez quienes viven en un refugio en Caracas, luego de haber perdido su vivienda por las lluvias de diciembre, mientras esperan la casa prometida, ven la maqueta y se inspiran para definir los espacios del hogar pero ya están advertidos que por orden del régimen que no podrán contar con cocina eléctrica ni calentadores de agua ¿la razón? Pues, la ineficiencia se traduce en imposición e improvisación.


Se agudiza la crisis eléctrica en Venezuela mientras que no se toman medidas concretas que permitan una real solución del problema, a pesar de la supuesta inversión que se hizo durante el año 2010, para “solucionar” la sobre carga de energía, el colapso es inminente y es a través de la imposición y el sacrificio del pueblo se buscan las “soluciones”.

Los 19 muertos y 27 heridos de Rodeo I representan la cifra más alta de asesinados en un conflicto carcelario en el país en los últimos cinco años. Los reos fallecieron por armas de fuego y granadas.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en su Informe sobre la Situación Procesal de las Personas Privadas de Libertad en Venezuela 2008, expone que la violencia carcelaria es producto de muchos factores. Ésta “ha venido alcanzando niveles nunca antes vistos en la sociedad, pero lo más grave es que pareciera haber llegado a adquirir carácter de cotidianidad. Las causas se centran principalmente en el retardo procesal, la droga, el ocio, el hacinamiento y la falta de clasificación, entre otras”. Además, mencionan la lucha por el control interno, los abusos a los familiares, las requisas, la mentalidad represiva de la guardia y la falta de programas educativos y laborales adecuados.

1. Hacinamiento: De acuerdo con el estudio realizado por Human Rights Watch en 1998, Castigados sin condena. Condiciones en las prisiones de Venezuela, los recintos carcelarios de Venezuela están previstos para recluir a unos 17 mil presos. Actualmente, según las cifras del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ), hay casi 26 mil presos, de los cuales cerca de 24 mil son hombres.

El MPPRIJ estima que para 2018 habrá más de 50 mil personas privadas de libertad en Venezuela. “El promedio de aumento poblacional de los últimos dos años (2006-2008) es de 2.826 internos, equivalente a 12% de la población general. De mantenerse este promedio, llegaríamos al año 2018 con 52.620 internos”.

La población total de Venezuela es de más de 27 millones de habitantes. En relación con esta cifra, Gómez Grillo indica que “la población penal es una de las más bajas, si no la más baja entre los países latinoamericanos. Contamos con una media normal de un preso por cada mil habitantes”.

Por esta razón, los presos venezolanos se ven obligados a diario a soportar condiciones de vida terribles. Duermen con uno o dos internos más en la misma cama, o incluso en pasillos, en cualquier sitio que encuentren. Deben conseguir sus propios colchones, ropa de cama y de vestir y, en menor medida, alimentos. El hacinamiento de las celdas provoca inmundicia, malos olores, e insectos.

2. Violencia: A pesar de que la población penal de Venezuela es una de las más bajas de América Latina, los hechos violentos son numerosos. Gómez Grillo así lo señala:

En el año 2007, con unos 21 mil presos, hubo en Venezuela 498 fallecidos –casi dos diarios- y 1.023 heridos –casi cuatro diarios-, víctimas de esa violencia feroz (…) En Brasil, con más de 331 mil reclusos, perecieron en 2007 por violencia intracarcelaria, 62, y en Colombia, con 75 mil reclusos, los fallecidos fueron siete. Se estima que en Venezuela, por cada mil reclusos, son asesinados 25 (…) Estas cifras evidencian que nuestras cárceles están azotadas de una suerte de cruenta guerra civil. Ellas son verdaderos campos de batalla, donde cada pabellón es una trinchera, cada celda es un bastión y cada prisionero un francotirador. El MPPRIJ asegura que en 2008 ocurrieron 1.224 hechos violentos en los que resultaron heridos 856 internos y murieron 368.

3. Armas: Human Rights Watch explica que en las prisiones abundan armas de todo tipo.

Aunque se ha discutido la procedencia de las armas –si son los vigilantes o los visitantes los que las introducen-, teniendo en cuenta la cantidad de las mismas y las inspecciones meticulosas a las que someten a los visitantes, es evidente que muchas de las armas sólo pudieron entrar con la complicidad de los vigilantes.

Además de las armas introducidas, también existen armamentos caseros que los presos fabrican con cualquier pieza de metal que encuentran. “El resultado es que a pesar de realizar frecuentes inspecciones en busca de armas, éstas no tienen el efecto perceptible de desarmar a la población carcelaria”, según los investigadores de Human Rights Watch.

4. Cárceles militarizadas: Otro de los problemas que acarrea el sistema penitenciario de Venezuela es la carencia de vigilantes y la constante intervención de la Guardia Nacional dentro de las cárceles. De esta manera, mantener el control de la población carcelaria se ha convertido en una tarea ardua.

El defensor del pueblo en materia penitenciaria, Douglas Camero, explica que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas indican que por cada 10 reclusos debería haber un custodio. Sin embargo, “en las cárceles venezolanas, la relación custodio-interno es de 100 por uno”.

La Ley de Régimen Penitenciario (LRP) reconoce que el Ejército es por naturaleza inadecuado para las labores carcelarias, al exigir que las prisiones se mantengan bajo la autoridad de los civiles y al permitir la mediación de la Guardia Nacional sólo en casos excepcionales. Dicha ley, en su artículo 83, dicta entre otras cosas que “el personal directivo del establecimiento deberá estar debidamente calificado para su función por sus cualidades personales, su capacidad administrativa, formación adecuada, experiencia en la materia y, preferentemente, ser un penitenciarista egresado de un instituto universitario”.

Pero la realidad es otra, los profesionales egresados del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios (IUNEP) no son bien recibidos en los recintos carcelarios, pues la Guardia Nacional es quien custodia a los internos.

5. Retardo procesal: Los internos condenados deben cumplir su sentencia en una penitenciaría, centro penitenciario o en una cárcel nacional, mientras que los internados judiciales o retenes están destinados a aquellos individuos procesados. El OVP asegura que “en la realidad esto no se cumple por lo que en la mayoría de los penales las proporciones de procesados y condenados se presentan de cualquier forma (…) Tampoco existe clasificación alguna según el delito”.

Según Human Rights Watch, en 1998, “casi 70% de la población carcelaria estaba compuesta por procesados: personas cuyos casos están pendientes en alguna de las etapas de las lentas diligencias penales venezolanas”.

El abogado penalista Alberto Arteaga explica que “la LRP está elaborada para los penados y 70% de la población penal es procesada”.

La situación no ha cambiado. Las cifras del MPPRIJ indican que hay más de 15 mil procesados, lo que representa 69% de la población penal, y más de siete mil penados. El resto de los reclusos forma parte de los destacamentarios, término que será explicado más adelante.

El defensor del pueblo en materia penitenciaria, Douglas Camero, explica que el retardo procesal no se soluciona porque “no existen tribunales ni funcionarios suficientes para que el proceso penal sea efectivo. Una persona no podría pasar más de cinco meses sin recibir una sentencia y, dentro de las cárceles venezolanas, hay gente con 28 ó 30 meses privados en libertad que no han recibido sentencia. Además, el crecimiento de la población penal también ocasiona que haya más retraso procesal”.

Para Arteaga, es indispensable que “el problema penitenciario no se desligue de la justicia penal porque forma parte de ésta”.

6. No están clasificados: El artículo 9 de la LRP establece que “los penados serán clasificados (…) Se tomarán en cuenta principalmente el sexo, edad, naturaleza y tipo del delito, antecedentes penales, grado cultural, profesión u oficio, estado de salud, características de su personalidad y la naturaleza y duración de la pena”.

Mientras los internos permanezcan mezclados unos con otros, además de hacinados, los delitos van a ser peores.

Más allá del grado cultural, la profesión y el oficio, los reclusos deben estar separados por el tipo de delito. No es posible que un hombre que robó un celular esté compartiendo pabellón con otro que violó a una mujer.

El hecho de que no exista esta clasificación genera que la violencia en las cárceles llegue a niveles irreparables. Al Gobierno se le fue de las manos la crisis penitenciaria del país.

7. Precarias condiciones de vida: Los artículos 27, 29 y 31 de la LRP exigen la higiene de los centros penitenciarios, ventilación, instalaciones sanitarias en buen estado, la asignación de cama individual, ropa suficiente y el aseo personal. Ninguna de estas exigencias se cumple en las cárceles venezolanas.

Para solucionar las condiciones de vida del sistema carcelario, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, propone “entregarles las cárceles a los gobernadores de cada estado. Así, se girarían políticas internas en las prisiones, habría un estilo de competencia entre los gobernadores y se lograría la administración descentralizada, como lo dice el artículo 272 de la Constitución”.

Camero coincide con esta propuesta, pero asegura que “el MPPRIJ se queda solo. Las cárceles están en determinado municipio y en determinado estado. El alcalde se divorcia, el gobernador se divorcia y el Estado se queda solo”.

También informa que en el año 2004, “cuando el Gobierno decidió enfrentar el sistema penitenciario, nombró una comisión presidencial para la emergencia carcelaria”. A partir de esa comisión, se levantó un diagnóstico general “que dio lugar al llamado Plan de Humanización Penitenciaria que contempla la construcción de una nueva infraestructura y recuperación de la existente”.

El Plan de Humanización Penitenciaria prevé la construcción de 15 “comunidades penitenciarias”. Hasta los momentos, se han inaugurado dos: la Comunidad Penitenciaria de Coro, ubicada en el estado Falcón; y Yare III, en el estado Miranda.

De acuerdo con el director de servicios al interno del MPPRIJ, Wuiston Vegas, esta iniciativa viene acompañada de “un nuevo modelo de tratamiento que estará conformado por un equipo multidisciplinario: psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y asesores jurídicos. Estos estarán encargados del seguimiento diario”. El plan estará cónsono con las bases legales. “Aunque estamos claros de que construir más cárceles no hace que el delito disminuya, la idea es que no haya hacinamiento y que los internos estén debidamente clasificados”.

8. Escasas actividades de reinserción social: El capítulo V de la LRP sostiene que la educación, la cultura, y el deporte deben alcanzar a todos los internos.

Las cifras del MPPRIJ indican que, para 2008, la matrícula estudiantil dentro de los centros penitenciarios era de 8.915 reclusos que participaban en la Misión Robinson, Misión Ribas, en educación básica y en media diversificada, a lo que se suman los cursos, jornadas y talleres. Estos proyectos estudiantiles siguen vigentes.

Además, en 2007 se creó la Orquesta Sinfónica Penitenciaria de Venezuela en la que hoy participan internos de cinco centros penitenciarios: Centro Penitenciario de Occidente, mejor conocido como cárcel de Santa Ana, en Táchira; Centro Penitenciario de la Región Andina, en Mérida; Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques; Internado Judicial de Coro, en Falcón; y en el Internado Judicial de Carabobo, mejor conocido como cárcel de Tocuyito. Su fundador, Kleibert Lenin Mora, asegura que se han atendido a 1.086 reclusos, pero actualmente participan 500.

Respecto a las actividades culturales, el Estado ha iniciado grupos de teatro, música venezolana y artesanía; y en deporte se han formado equipos de voleibol, baloncesto, bolas criollas, dominó, ajedrez, atletismo, kickingbol y futbolito. De estos programas no se conocen cifras oficiales.

Algunas organizaciones privadas y religiosas llevan diversas actividades recreativas y de formación a los recintos carcelarios.

Sin embargo, Gómez Grillo considera que “en lugar del trabajo y del estudio, es la ociosidad la que impera en nuestros penales. En ellos, la cifra de trabajadores y de estudiantes es insignificante con respecto a la población total. Los pocos reclusos que trabajan o estudian suelen ser motivo de irrisión y de mofa”.

Respecto a la poca participación de la población reclusa en las actividades intramuros, Camero argumenta que “nuestros internos son personas antisociales ajenas al trabajo, al estudio y en una cárcel es muy difícil que se involucren a una iniciativa”.

La reinserción social de ex presidiarios es el proceso mediante el cual el individuo logra readaptarse a la vida en sociedad una vez otorgada la libertad. Éste depende de muchos factores, tales como: la educación, la religión, la cultura, la salud, la disposición del individuo, el apoyo familiar, la recepción de la sociedad y, sobre todo, de las herramientas brindadas por el Estado.

Los penitenciaristas Pedro Rondón y Luis Silva, en su libro Reinserción social, definen la asistencia post penitenciaria como el conjunto de acciones, de ayuda material y moral, que deberían ser dirigidas por el Estado para apoyar a las personas que egresan de las cárceles y ayudarlas a que consigan una reincorporación efectiva en la sociedad. “Ningún tratamiento penitenciario es eficaz si carece de la asistencia post penitenciaria”.

Vegas reconoce que “en Venezuela no hay una ayuda post penitenciaria, pero se está trabajando en eso”. Gómez Grillo; el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado; y el abogado especialista en Derechos Humanos, Carlos Alberto Nieto Palma, coinciden en que la reinserción social de ex presidiarios no existe por falta de iniciativas gubernamentales.

“No se han creado nunca los mecanismos suficientes como para que todos los ex presidiarios se reinserten. Aquellos que se reinsertan lo hacen por motivación propia”, según Nieto Palma, quien también explica que “la reinserción social es un problema del Estado. Si bien el Estado no tiene que darles todo en la mano a los ex presidiarios, sí tiene que crear las estrategias para que las personas se rehabiliten y se regeneren dentro de las cárceles”.

El abogado y criminólogo Juan Mendoza Pimentel argumenta que “por medio de los estudios más antiguos y aún los más recientes de la criminología, de la ciencias de la conducta, de la psiquiatría, entre otros, se ha llegado a la conclusión de que todos los delincuentes, con algunas excepciones, pueden ser rehabilitados en una forma parcial o total”.

La reinserción social debe comenzar desde que el individuo está privado de libertad. “La idea es que ellos no se sientan desorientados cuando salgan de la cárcel”, agrega Nieto Palma.

9. Falsa humanización: En 2008, el Gobierno creó el “Plan de Humanización Penitenciaria” que tenía como fin “enfrentar y resolver la problemática carcelaria, procurando espacios de reclusión dignos para el trabajo, estudio, deporte y recreación de los reclusos”.

Hasta ahora, han sido muy pocos los avances penitenciarios que ha generado este proyecto. Los reclusos siguen viviendo hacinados, con pocas opciones para realizar actividades diferentes a la violencia, las drogas, el alcohol o los juegos delictivos.

Mientras la Guardia Nacional siga agrediendo a los internos, la “humanización penitenciaria” va a ser imposible de conseguir porque del maltrato sólo se aprende el maltrato.

Los reos deberían ser tratados con inteligencia, de manera que ellos puedan imitar esas conductas y conocer cosas diferentes de las que han visto desde que nacieron, pues generalmente crecieron en barrios violentos, familias disfuncionales y amistades que transmitían malas influencias.




10. Prohibido el paso: Como si fuera poco, los funcionarios penitenciarios tienen órdenes del Gobierno de impedir la entrada a los recintos carcelarios de las organizaciones no gubernamentales. Posiblemente, esta decisión se deba a que no se quiere que la verdadera situación de las prisiones venezolanas se conozca en el resto del país. Para el Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad, entre otras ONG’s es muy difícil obtener información de lo que sucede dentro de las prisiones. Sin embargo, año tras año publican los informes con cifras extraoficiales de la violencia, armas decomisadas, droga incautada, población penal, etc.
Por Patty Fuentes Gimón